El amparo se interpuso en contra de la sentencia de un tribunal que estimó legal un contrato de cesión de derechos para exhibir material fílmico por televisión, suscrito entre TV Azteca y Reeliz Film.
La Primera Sala estimó que el contrato privado en cuestión, al validar que las partes pueden mutilar o cercenar expresiones artísticas e ideas sociales de los cineastas, vulnero el derecho constitucional a la cultura, ya que éste protege la libertad de las expresiones creativas de carácter cultural, que a la vez también contiene una dimensión en cuanto al acceso a la misma por parte de la sociedad en general.
Subrayó, además, que el texto constitucional les asegura a los ciudadanos el acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como, hacerles accesibles los bienes que se producen por la industria cultural.
Por otra parte, vulnera también los privilegios morales de los autores establecidos en el artículo 28 constitucional, pues un contrato celebrado entre un empresario y una empresa televisora, sin participación de los autores de la película, no puede ser suficiente para que la televisora pueda violar los derechos morales de los autores y modificar la película sin permiso de éstos.
De acuerdo a lo manifestado por la Sala, la consecución de una obra artística o científica difícilmente puede constituye per se una peligrosidad para las buenas costumbres o que éstas pudieran interferir en el proceso de su formación.
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