En la República Dominicana el 60% de los medicamentos de consumo de su población son importados y el restante 40% es de producción local, según dato aportado por Fernando Ferreira presidente de la Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos (ARAPF). En ese contexto de mercado, la Asociación ha puesto una voz de alarma por el problema de la falsificación de medicamentos pues se están "falsificando marcas importadas y marcas nacionales de gran demanda en el mercado farmacéutico” llegándose al extremo de falsificar muestras médicas.
El problema denunciado plantea dos aristas: la salud pública y seguridad jurídica. En cuanto a la salud pública el uso de medicamentos falsificados puede acarrear graves consecuencias sanitarias, que no obstante las medidas de erradicación de los comercios ilegales, no han logrado dar resultado por la necesidad de un cambio de mentalidad en los consumidores locales y en la conciencia de los vendedores, "pues se cerraban hoy todos los puestos de ventas de medicinas ilegales y ya al otro día estaban abiertos". 
El problema no lo centró en costos de venta pues a los "negocios de medicamentos falsificados acude mucha gente pobre, en vez de ir a las farmacias del pueblo de Promese que vende medicamentos a precios económicos y fiables, prefieren ir a estos puestos ilegales y correr el riesgo”, apuntó. Promese es una Central de Apoyo Logístico dependiente del Ejecutivo cuyo objetivo principal es garantizar el suministro de medicamentos, material gastable y reactivos de laboratorio al sistema nacional de salud, que adquiere mediante licitaciones públicas donde participa la ARAPF aunque la" mayoría de esos fármacos son genéricos importados de China o de India, con precios que hacen difícil la participación en esos concursos", sostuvo el dirigente empresarial.La seguridad jurídica, por otra parte, también es un valor que se está viendo seriamente afectado principalmente por el sistema procesal destinado a la persecución de estos ilícitos contra la ley de propiedad industrial: " En estos casos la secretaría de Salud Pública somete a la justicia a estos falsificadores, mientras ARAPF se constituye en parte civil y demandan a los responsables de la acción ilegal", precisó Ferreira "pero esos sometimientos marchan muy lentos en la justicia" o bien chocan con otros poderes del Estado, como el caso anecdótico de un diputado dueño de una farmacia al que le fueron incautados medicamentos falsificados en su negocio, quien en el acto de incautación arrebató los medicamentos que se le habían incautado, y rompió las actas de la Fiscalía como de Salud Pública, aunque posteriormente fue llevado a la Justicia a través de la Procuraduría General de la República, aunque "la acusación no ha progresado porque no se le ha dado curso", terminó por relatar el empresario.
Para tratar el problema de la falsificación y otras materias de interés técnico y científico realizarán el habitual Congreso de la industria farmacéutica el 21 y 22 de este mes, en Santo Domingo .
