La Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON) de Chile ha informado que durante esta semana está teniendo lugar en Santiago una reunión Intersesional de negociaciones
sobre Propiedad Intelectual, en el marco del
proceso de negociaciones del Acuerdo Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés). Asisten delegaciones de nueve países que forman parte del proceso: Australia, Brunei, Chile, Estados Unidos, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.
El grupo de Propiedad Intelectual ha sesionado durante 4 días con el objetivo de avanzar en uno de los capítulos más complejos del futuro acuerdo TPP y llegar de mejor manera a la próxima ronda oficial del proceso, a realizarse entre el 08 y 18 de mayo en Dallas, Estados Unidos. “El objetivo principal para Chile en la negociación del capítulo de Propiedad Intelectual en el marco del TPP, es lograr un acuerdo balanceado, que equilibre los derechos de los creadores por una parte y los derechos de los consumidores por otra, teniendo como marco de referencia los estándares internacionales en la materia”, sostuvo el Director General (s) de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON), Rodrigo Contreras.
Con relación al carácter secreto del contenido de las negociaciones, la ONG Derechos Digitales y la Fundación Pro Acceso a principios de marzo ingresaron una solicitud para conocer con certeza los términos de la negociación, de la que hoy sólo se conocen filtraciones. La Direcon respondió de manera negativa, declarando parcialmente secretas las negociaciones. Este secretismo ha generado preocupación en la sociedad civil por la existencia de un serio riesgo a los derechos fundamentales de los ciudadanos por el acuerdo de normas que establezcan censura de sitios de Internet por eventuales infracciones a los derechos de autor, la eventual criminalización arbitraria de los usuarios de la red y el aumento de los plazos de protección del derecho de autor, junto con asuntos que pueden afectar a la salud pública y el acceso a los medicamentos.
Esta denegación parcial significa que no se conocerán los textos de la negociación, que ha sido declarada oficialmente secreta con posterioridad a la solicitud presentada por Fundación ProAcceso y ONG Derechos Digitales.
Para Daniel Álvarez, abogado de la
ONG Derechos Digitales, "es preocupante que la ciudadanía todavía no conozca información transparente de este TLC, en consideración a las expectativas inéditas que este tratado ha levantado en la opinión pública, y a que justamente esta semana se está negociando en nuestro país el capítulo de propiedad intelectual que resulta ser el más polémico de todo el TLC", señala la nota de prensa.
En este escenario la ONG Derechos Digitales, en conjunto con ASILFA, el Program on Information Justice and Intellectual Property de la American University y Knowledge Ecology International, ofrecieron este miércoles 11 de abril un almuerzo a los negociadores de Australia, Perú, Nueva Zelandia, Brunei, Singapur, Malasia, Vietnam, Estados Unidos y Chile.
El encuentro comenzó con una exposición de la abogada norteamericana Krista Cox, de Knowledge Ecology International, quien presentó diversas observaciones a todo el capítulo sobre propiedad intelectual del TPP, que contempla normas sobre patentes farmacéuticas, derechos de autor, nombres de dominio e indicaciones geográficas, entre otras. Luego, expuso el asesor legal de ASILFA, José Luis Cárdenas, quien analizó críticamente las normas propuestas en el TPP sobre patentes farmacéuticas. Finalmente, cerró la sesión el prof. Sean Flynn, Director Asociado del Program on Information Justice and Intellectual Property de la American University, College of Law, quien expuso sobre las normas de enforcement contenidas en el texto del TPP.
Por su parte la ONG Derechos Digitales expuso sus puntos de vista, aprovechando esta instancia formal para transmitir a los delegados técnicos de los diversos países del TPP no sólo razones técnicas para defender un sistema de propiedad intelectual equilibrado entre la protección y el acceso a la cultura, sino también la preocupación que ha manifestado la sociedad civil chilena respecto a la posible vulneración de sus derechos en Internet.
En materia normativa, el actuar de la Direcon debe someterse íntegramente al orden constitucional y legal chileno, de manera que si bien "[t]oda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado, en la forma y condiciones que establece esta ley" (arts. 5 y 10 de la Ley 20.285 sobre acceso a la información pública), es esta propia ley la que dispone que las "únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente [como ha sido el caso] el acceso a la información", son, entre otras, las siguientes: [4.] Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el interés nacional, en especial si se refieren a la salud pública o las relaciones internacionales y los intereses económicos o comerciales del país".
La calificación del secreto compete al organismo responsable, y sólo queda esperar que el secretismo (en la forma) no afecte al fondo (los derechos fundamentales), cuestión que, en todo caso, queda limitada por el control constitucional (ex ante y ex post) y una adecuada discusión en sede parlamentaria una vez que el tratado pase a ingresar el sistema chileno, sin perjuicio de instarse por una modificación de la ley Nº 20.285 para que en el futuro sea posible, mediante mecanismos seguros y racionales, acceder al contenido de negociaciones comerciales internacionales cuyo resultado pueda afectar derechos fundamentales.
Fuentes: Direcon/ El Mostrador/ Ong Derechos Digitales (contiene presentación descargable en inglés).
