Investigadores de varias universidades de Venezuela presentaron ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia una solicitud de nulidad por inconstitucionalidad de la reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, con el argumento de que este instrumento "frena dramáticamente el desarrollo de la ciencia y tecnología en el país".En un documento presentado por los científicos Marisol Aguilera y Klaus Jaffe, de la Universidad Simón Bolívar; Carenne Ludeña y Félix J. Tapia, de la Universidad Central de Venezuela; Carlo Caputo, del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, y Benjamín Scharifker, de la Universidad Metropolitana se explica que entre los argumentos fundamentales para pedir la nulidad de la Ley de Ciencia y Tecnología están las disposiciones establecidas en los artículos 19 y 20 de la reforma que, de aplicarse, "podrían llegar incluso a suprimir la existencia de cualquier tipo de protección a la propiedad intelectual, con lo cual se frenaría aún más el proceso de innovación que la ley dice querer promocionar".
Señalan los recurrentes que en los citados artículos se observa que el derecho a la protección de la propiedad intelectual derivada de la creación científica y tecnológica quedaría seriamente afectado, pues se permite que sea la autoridad nacional la que establezca el régimen de propiedad intelectual sobre la creación científica y tecnológica que se desarrolle con recursos aprobados según el régimen establecido en esa ley o en normas generales en todo el país. En el instrumento legal no se señala cuáles son los límites de las restricciones que impondría la autoridad nacional en la definición del régimen de propiedad intelectual, por lo que los científicos advierten que podrían llegar incluso a eliminar la protección al derecho de tener autoría sobre las creaciones. Los científicos consideran que es urgente que el TSJ declare la nulidad de la reforma de la ley, porque se advierten consecuencias perjudiciales al avance de la ciencia y la tecnología en Venezuela. Ello también amerita que se otorguen de inmediato medidas cautelares mientras se define la situación, a fin de resguardar los derechos constitucionales de la comunidad científica y de las universidades, institutos y ONG que se desempeñan en las mismas áreas del saber.
Los científicos que cuestionan la reforma exigen que el instrumento legal sea modificado porque consideran que es contrario al texto constitucional, ya que restringe la actividad generadora de conocimiento al establecer el control financiero en manos del Estado, politizar la actividad científica al circunscribirla al ámbito ideológico del socialismo del siglo XXI, y no proteger efectivamente los derechos de propiedad intelectual sobre los desarrollos científicos y tecnológicos. Agregan que la entrega de recursos del sector privado al Estado, y no directamente al sector científico y académico, genera en la práctica un control absoluto de la investigación y desarrollo científicos, con la consecuente pérdida de autonomía de todas las instituciones científicas y académicas.
Fuente: www.entornointeligente.com
