La reciente ley Nº 26.570 (que ha pasado casi desapercibida para la mayoría de los argentinos) incorpora el artículo 5 bis al Régimen de la Propiedad Intelectual (Ley Nº 11.723).
Un sólo artículo ha sido suficiente para extender el monopolio económico de artístas-intérpretes y productores de fonogramas por otros 20 años, sin ninguna justificación valedera.
Una extensión de tal naturaleza de poco sirve para generar incentivos para la creación de nuevas interpretaciones o fonogramas ni mucho menos para incentivar la creación de interpretaciones y fonogramas que ya han sido creados. Para peor, su aplicación es retroactiva, lo que ayer estaba en el dominio público hoy ya no lo está.
Desde la perspectiva de éste autor los Derechos de Propiedad Intelectual sólo debieran concederse cuando los beneficios (sociales y privados) superan los costos (sociales y privados). Toda otra argumentación es fácilmente manipulable, particularmente la que se solapa con una retórica que abusa de términos subjetivos como “justicia”, “equidad”, “interés nacional”, etc. y privilegia intereses sectoriales para el beneficio de unos pocos.
El análisis ecónomico del Derecho sirve ayuda a comprender los reales efectos económicos de las reformas legislativas así como para determinar de antemano quien gana y quien pierde con ellas.
En este caso han ganado los productores de fonogramas y las agencias de gestión colectiva, han perdido los consumidores argentinos. Privilegios sin justificación económica, obra maestra del lobby y del rent-seeking criollo. Sirva este breve artículo no para llorar sobre leche derramada, sino para conscientizar a los ciudadanos y responsabilizar a los representantes que no representan al pueblo.
